Diez años después, el debate sobre el modelo cloud sigue más vivo que nunca. Lo que comenzó como una conversación centrada en la eficiencia económica, hoy se redefine en términos de eficacia, escalabilidad, flexibilidad y transformación operativa. Mientras el sector privado ha consolidado estrategias híbridas que combinan rendimiento, elasticidad y control sobre los activos digitales, el sector público avanza de forma más desigual, condicionado por la necesidad de adaptar sus estructuras normativas y organizativas a un ecosistema tecnológico en constante transformación. En este contexto, alinear tecnología y contratación pública se convierte en un reto clave.
En línea con la evolución del sector privado, la estrategia institucional de la Administración avanza hacia un modelo basado en servicios cloud. El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021–2025 impulsa el uso compartido de infraestructuras como servicio, mientras que la Estrategia Nacional de Servicios en la Nube 2022 establece el principio de «cloud híbrido primero», priorizando la adopción de soluciones en la nube por su agilidad, escalabilidad y eficiencia. Sin embargo, esta ambición no se ha trasladado plenamente a la contratación pública en los últimos años. Aunque desde 2019 la inversión en soluciones cloud ha crecido de forma constante, su peso relativo en la contratación TIC sigue siendo pequeño. En 2023 apenas alcanzó el 9%, y las cifras preliminares de 2024 muestran incluso un ligero retroceso que podría indicar un cambio en esta tendencia o estancamiento.
La contratación pública desempeña un papel determinante. Lejos de ser una mera formalidad legal, es una herramienta estratégica que permite a la Administración adquirir soluciones tecnológicas como el cloud, definiendo un marco jurídico seguro y coherente para todos los actores implicados, tanto del sector público como privado. En un entorno marcado por la evolución constante de las tecnologías y la presión por responder con agilidad a nuevas necesidades, los contratos deben concebirse como herramientas eficaces, flexibles y alineadas con los objetivos de las políticas públicas.
Esto implica dejar atrás enfoques excesivamente rígidos o centrados exclusivamente en el procedimiento, y avanzar hacia contratos más colaborativos y adaptables, que integren la innovación desde su diseño y orienten el contrato a generar valor desde su inicio. Utilizada con visión estratégica, la contratación pública puede ayudar a resolver algunos de los retos más complejos asociados al modelo cloud: la soberanía del dato, la autonomía tecnológica, la protección de la información, la ciberseguridad o la interoperabilidad.
El reto no es menor, pero la oportunidad tampoco. Contar con pliegos bien estructurados, capaces de proporcionar un marco jurídico sólido y adaptable, es clave para avanzar de forma segura hacia un modelo tecnológico conectado con las verdaderas prioridades de la Administración.
En este sentido, aspectos como la tipificación del contrato, la definición del objeto, el procedimiento elegido, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución adquieren especial relevancia. La correcta determinación de estos aspectos permite configurar un marco jurídico claro y estable, que respalde el servicio tecnológico alineado con los principios rectores de la contratación pública. Solo así es posible desarrollar soluciones robustas, seguras y adaptadas a las necesidades reales del sector público.
Desde la perspectiva del sector privado, este entorno representa una oportunidad para seguir desarrollando soluciones alineadas con las prioridades y especificidades del sector público. Comprender la lógica de los pliegos, los criterios de adjudicación y los requerimientos técnicos y jurídicos en cada fase contractual refuerza la capacidad de colaborar de forma eficaz. Las propuestas más exitosas integran el conocimiento técnico con una adecuada lectura del entorno normativo. Esto es especialmente relevante en los contratos de entornos cloud, donde la evolución funcional del servicio durante el contrato es la norma habitual. Aquí, la colaboración público-privada puede desplegar todo su potencial si se basa en objetivos compartidos y confianza mutua.
En definitiva, no se trata solo de migrar a la nube, como recogen las estrategias públicas, sino de hacerlo con garantías jurídicas, al servicio del interés general y con plena integridad institucional. La contratación pública no es una barrera, sino una palanca para adquirir soluciones tecnológicas modernas, seguras, sostenibles y alineadas con las verdaderas prioridades de la Administración. Alcanzar este objetivo requiere un esfuerzo conjunto, basado en el diálogo, la comprensión mutua y la voluntad decidida de innovar desde lo público y lo privado. Solo desde esa colaboración será posible una transformación digital con impacto real y duradero.
