El anuncio del Gobierno, fechado el 5 de febrero de 2026, pone el foco en la gobernanza digital desde la óptica de las redes sociales. La medida estrella es la prohibición de acceso a plataformas para menores de 16 años, junto a cambios legales para aumentar la responsabilidad de quienes dirigen servicios digitales cuando se difunde contenido ilegal o se alteran algoritmos con fines ilícitos.
Desde la industria, la lectura es que la discusión pública se está concentrando en una parte visible del problema. Las redes sociales son la punta del iceberg, sostiene Sancho Lerena, CEO de la tecnológica española Pandora FMS, que sitúa el núcleo en la dependencia tecnológica que sostiene servicios esenciales y operaciones empresariales.
Más allá del control de contenidos
El argumento del sector es que la soberanía digital no se resuelve solo con moderación y sanciones. También requiere saber dónde están los datos, quién controla la infraestructura y qué capacidad tiene un país para operar sin terceros. Lerena lo resume como una ignorancia operativa: decisiones que se toman sin una visión completa de la cadena tecnológica.
En ese marco, la industria reclama que el debate incluya la gestión IT, la seguridad y la continuidad del servicio. La cuestión no es únicamente qué se publica en una plataforma, sino qué ocurre si falla la base sobre la que se apoya la administración pública y el tejido productivo.
Dependencia del cloud y de los datos
Pandora FMS señala datos atribuidos al Parlamento Europeo: casi el 70% del cloud estaría gestionado por empresas estadounidenses, entre ellas Amazon, Microsoft y Google. A ello se suman cifras que apuntan a una concentración aún mayor en capas críticas: 80% de la infraestructura IT y 90% de los datos europeos bajo control de entidades de Estados Unidos.
El riesgo, según esta lectura, no es teórico. “Si una empresa norteamericana decide dejar de prestar servicio”, dice Lerena, Europa afrontaría una limitación inmediata para sostener operaciones digitales. La advertencia incluye capacidades que hoy se consideran estratégicas: nube propia, IA competitiva y alternativas locales a plataformas globales.
Qué pide el sector al Gobierno
Durante su intervención, Pedro Sánchez defendió que España protegerá la soberanía digital frente a cualquier forma de coacción extranjera. En el Ejecutivo se enmarca el paquete como una respuesta a un entorno internacional con presiones sobre la soberanía de distintos territorios y con efectos en la política tecnológica.
La industria, sin embargo, pide medidas que actúen sobre la oferta tecnológica, no solo sobre el uso de redes sociales. Entre las demandas habituales figuran priorizar proveedores españoles y europeos en servicios públicos, reducir trámites para proyectos digitales y sostener inversión en infraestructura y seguridad. El mensaje final es operativo: la tecnología es seguridad e independencia, y el debate debe bajar al nivel de sistemas, datos y control efectivo.
