Un par de días después de anunciar en el Consejo de Ministros la aceleración de la regulación de los centros de datos en España, el Gobierno ha dado a conocer los detalles del futuro marco normativo, que buscará impulsar la implantación de infraestructuras digitales «sostenibles, eficientes y soberanas». La propuesta, que entra ahora en fase de audiencia pública por la vía de urgencia, establece requisitos concretos en materia de sostenibilidad energética, consumo de agua, resiliencia operativa y soberanía digital.
El proyecto de Real Decreto, impulsado conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, pretende ordenar el fuerte crecimiento que está experimentando el sector en España, uno de los mercados que más inversiones está atrayendo en Europa gracias a su posición estratégica y al desarrollo de las energías renovables. Según el Ejecutivo, desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para este tipo de instalaciones, una cifra que supera ampliamente las necesidades contempladas en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para 2030.
Soberanía digital: operadores europeos y datos dentro de la UE
Entre las principales novedades destaca el refuerzo de las exigencias en materia de soberanía digital. El Gobierno plantea que los centros de datos sean operados por entidades establecidas en la Unión Europea y que toda la información vinculada a la operación de estas infraestructuras, incluidos datos, metadatos y registros, permanezca dentro del territorio comunitario.
Además, las empresas deberán implantar mecanismos para controlar los accesos desde terceros países y evitar requerimientos de autoridades extranjeras que no estén amparados por la legislación europea. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que podrá proponer sanciones e incluso la pérdida de los derechos de acceso a la red eléctrica en caso de incumplimiento grave.
Máxima eficiencia energética e hídrica
La normativa también endurece los criterios de sostenibilidad. Los nuevos centros de datos de más de 1 MW deberán alcanzar la categoría A del futuro sistema europeo de etiquetado para eficiencia energética e hídrica, actualmente en desarrollo por la Comisión Europea.
El texto fija como referencia los mejores valores de eficiencia contemplados en el reglamento comunitario, tanto en términos de Power Usage Effectiveness (PUE) como de Water Usage Effectiveness (WUE). Con ello, el Gobierno busca minimizar el impacto de unas infraestructuras cuya demanda de electricidad y agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones asociadas al auge de la inteligencia artificial.
Energía renovable acreditada hora a hora
Otro de los puntos más relevantes del borrador es la obligación de que los centros de datos respalden su consumo energético mediante nueva capacidad renovable.
La propuesta establece que al menos el 80% de la electricidad consumida deberá proceder de fuentes renovables hasta que el mix eléctrico español supere el 90% de generación verde. Pero, además, esa energía tendrá que ser adicional, lo que implica que cada nuevo megavatio de demanda asociado a un centro de datos deberá estar respaldado por un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses previos a su entrada en funcionamiento.
La acreditación también deberá realizarse de forma horaria. Es decir, durante cada hora de operación, al menos el 80% de la electricidad consumida tendrá que corresponder a energía renovable generada en ese mismo momento, ya sea mediante instalaciones de autoconsumo o a través de contratos de compraventa de energía (PPA).
El acceso a la red quedará condicionado al cumplimiento
El futuro decreto vinculará directamente el acceso a la red eléctrica con el cumplimiento de estas obligaciones. Los promotores deberán demostrar que satisfacen los nuevos requisitos para obtener o mantener sus derechos de acceso y conexión.
En caso de incumplimiento, el texto contempla penalizaciones económicas progresivas en peajes y cargos eléctricos, además de la posible retirada del acceso a la red. Los proyectos que actualmente se encuentran en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse al nuevo marco regulatorio, plazo que se reducirá a tres meses para aquellos pendientes de concursos de capacidad.
España quiere seleccionar los proyectos con mayor valor añadido
Con esta propuesta, el Gobierno busca pasar de una política centrada en atraer inversiones a otra basada en seleccionar los proyectos con mayor aportación económica y tecnológica y menor impacto ambiental.
La medida llega en un momento de fuerte interés inversor por el mercado español. Mientras la Estrategia de IA prevé alrededor de 2,5 GW de potencia de computación para 2030, las solicitudes y permisos vinculados a centros de datos multiplican esa cifra. El Ejecutivo considera que esta situación permite elevar las exigencias y priorizar instalaciones alineadas con los objetivos de transición energética y autonomía digital de la Unión Europea.
La apertura del trámite de audiencia pública marca así un nuevo paso en la regulación de un sector estratégico que, según ya avanzó el Gobierno esta semana, contará por primera vez con un marco específico de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital.
