La cuenta atrás para la entrada en vigor de nuevas obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) ha puesto de manifiesto el grado de preparación de las grandes empresas españolas. Según un estudio elaborado por Entelgy a partir de una encuesta realizada a 300 directivos y CEOs, el 31,7% de las organizaciones reconoce que todavía no ha implantado ninguna medida para adaptarse a la normativa comunitaria.
Este 2 de agosto ha comenzado a aplicarse un nuevo bloque de requisitos vinculados a la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial. Entre ellos figura la obligación de identificar determinados contenidos sintéticos generados por IA y de informar a los usuarios cuando interactúan con este tipo de tecnologías. A pesar de la proximidad de la fecha, una parte significativa del tejido empresarial aún no ha iniciado un proceso formal de adecuación.
La formación lidera las iniciativas de adaptación
Entre las compañías que sí han dado pasos para cumplir con la regulación, la formación de los empleados se sitúa como la principal prioridad. El 70,7% de las empresas que ya trabajan en la adaptación asegura haber impulsado programas de capacitación sobre el uso responsable de la inteligencia artificial.
La segunda medida más extendida es la creación de comités o responsables específicos de gobernanza de la IA, una iniciativa adoptada por el 47,3% de las organizaciones encuestadas. En tercer lugar aparece el desarrollo de políticas internas para regular el uso de estas herramientas, una práctica implementada por el 33,7%.
Según Entelgy, estos datos reflejan que las empresas más avanzadas están abordando el cumplimiento regulatorio desde una perspectiva organizativa y de gestión del riesgo, más allá de la simple adopción tecnológica.
El aplazamiento de algunas obligaciones no elimina la presión regulatoria
La investigación recuerda que las obligaciones aplicables a los sistemas de IA considerados de alto riesgo, como los utilizados en procesos de selección de personal, identificación biométrica o evaluación de solvencia, quedarán aplazadas hasta diciembre de 2027 gracias al reciente acuerdo europeo conocido como Digital Ómnibus sobre IA, pendiente únicamente de su publicación oficial.
Sin embargo, los expertos advierten que esta ampliación de plazos no supone una suspensión del marco regulatorio. Las obligaciones de transparencia mantienen su entrada en vigor el 2 de agosto de 2026, mientras que otros requisitos clave ya son exigibles desde hace meses.
Entre ellos destaca la obligación de garantizar la alfabetización en IA de los empleados, vigente desde febrero de 2025 para cualquier organización que utilice sistemas de inteligencia artificial. También está en vigor el régimen aplicable a los modelos de propósito general, que contempla sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial de la empresa infractora.
Las infracciones relacionadas con prácticas prohibidas, como el scoring social, determinadas formas de manipulación encubierta o el uso no autorizado de sistemas biométricos, pueden alcanzar multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.
Cuatro errores que siguen presentes en los comités de dirección
Entelgy alerta de que el retraso en la adaptación responde, en parte, a una serie de ideas equivocadas que continúan presentes en las grandes organizaciones.
La primera es creer que es necesario esperar a una normativa nacional para comenzar a cumplir. La consultora recuerda que el Reglamento Europeo de IA es de aplicación directa en todos los Estados miembros y que su supervisión en España corresponde a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).
Otro error frecuente consiste en pensar que los contratos de privacidad o las garantías ofrecidas por los proveedores de tecnología son suficientes para cubrir las obligaciones regulatorias. Según los expertos, el nivel de riesgo lo determina el uso que se haga de la herramienta y no la propia tecnología.
Asimismo, muchas empresas interpretan que el aplazamiento de las obligaciones de alto riesgo hasta 2027 elimina la necesidad de actuar de forma inmediata. Sin embargo, identificar y clasificar los sistemas potencialmente afectados sigue siendo una tarea prioritaria.
Por último, Entelgy advierte de que incluso los asistentes virtuales sencillos deberán cumplir con las nuevas exigencias de transparencia. Desde el 2 de agosto, cualquier chatbot o sistema conversacional deberá informar claramente de que el usuario está interactuando con una inteligencia artificial.
Un reto más organizativo que tecnológico
Para Alfredo Zurdo, Head of Digital Change en Entelgy, el principal desafío para las empresas no pasa por la adquisición de nuevas herramientas, sino por la implantación de mecanismos de control y gobernanza.
«Existe una falsa sensación de alivio en el mercado. El nuevo calendario no detiene las obligaciones de transparencia ni la urgencia de clasificar los sistemas de alto riesgo. Las empresas deben asimilar que el cumplimiento de la Ley de IA no se soluciona simplemente comprando software con licencias seguras. Se trata de un reto organizativo que exige criterio propio, políticas claras y una acción inmediata por parte de los comités de dirección», afirma.
Los resultados del estudio evidencian que, a pocos días de la entrada en vigor de una nueva fase del AI Act, una parte relevante de las grandes empresas españolas aún tiene pendiente convertir la gobernanza de la inteligencia artificial en una prioridad estratégica.
