El nuevo curso ha arrancado con fuerza. Esta semana conocíamos la intención del Ejecutivo de lanzar un decreto ley para la regulación de los centros de datos. El Gobierno argumenta que esta nueva normativa es necesaria para impulsar la implantación de infraestructuras digitales “sostenibles, eficientes y soberanas”, y plantea, entre otras cuestiones, implantar mecanismos para controlar los accesos desde terceros países o endurecer los criterios de sostenibilidad. De modo que, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá proceder de fuentes renovables hasta que el mix eléctrico español supere el 90% de generación verde. Pero, además, esa energía tendrá que ser adicional, lo que implica que cada nuevo megavatio de demanda asociado a un centro de datos deberá estar respaldado por un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses previos a su entrada en funcionamiento.
La asociación SpainDC se ha reunido de urgencia con el Gobierno, y, en una primera valoración, nos comenta que “compartimos los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y de garantizar un crecimiento ordenado del sector, pero creemos que estos objetivos deben alcanzarse mediante una regulación proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo, evitando que nuevas exigencias puedan situar a España en desventaja frente a otros países comunitarios que compiten directamente por las mismas inversiones”. La postura es clara: sí a la regulación, pero no a un posible coto a la inversión.
Bajo su punto de vista, “cualquier nuevo marco regulatorio debe contribuir a aprovechar la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes polos digitales de Europa, no ponerla en riesgo”. Y es que “España no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital”.
La preocupación de SpainDC gira en torno a un posible entorpecimiento de la viabilidad de los nuevos proyectos, algo que podría “generar inseguridad para inversiones ya planificadas o provocar que parte del crecimiento de la infraestructura digital termine desplazándose hacia otros mercados europeos”.
La parte positiva es que, en dicha reunión, el Gobierno les trasladó su disposición para trabajar conjuntamente con el sector durante el proceso de audiencia pública. “SpainDC participará activamente y con voluntad constructiva para contribuir a mejorar el texto, buscando que los objetivos compartidos de sostenibilidad y soberanía sean compatibles con la competitividad, la inversión y el desarrollo de la economía digital española”, nos comentan.
Preocupación en el sector
Además de SpainDC, algunas compañías se han manifestado también públicamente en contra de un posible veto a la inversión, como es el caso de Templus. En un comunicado oficial de sus redes sociales, el operador de centros de datos ha señalado que presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto elaborado por el Gobierno para regular al sector de los centros de datos, puesto que se trata de “un texto que nos despierta serias preocupaciones”.
“La primera es no entender la intención del Gobierno de obligar a los centros de datos a producir un MW de energía renovable adicional por cada MW consumido en un país que, diariamente, ‘tira a la basura’ energía renovable que no se consume. Una industria como la de los centros de datos, con un consumo predecible y estable durante todo el año, permite que esa energía que hoy en día se desperdicia se utilice, y encima para algo tan necesario como la digitalización”, señalan.
Concluyen afirmando, contundentes, que «habría que preguntarse a quién beneficia realmente este decreto y por qué el Gobierno deja al sector en España a los pies de los caballos, en clara desventaja competitiva con nuestros vecinos europeos».
