SpainDC ha reunido a la prensa para mostrar su postura sobre el Real Decreto que regula los centros de datos. La asociación reclama al Gobierno una negociación que permita revisar unas exigencias que considera discriminatorias, desproporcionadas y de imposible cumplimiento, y advierte de que España podría perder su oportunidad de consolidarse como hub digital europeo.
SpainDC ha manifestado su “rechazo absoluto” al contenido del Real Decreto impulsado por el Gobierno que establece nuevas condiciones para el desarrollo y operación de los centros de datos, al considerar que sus exigencias pueden comprometer inversiones ya en marcha y poner en riesgo la competitividad de España frente a otros mercados europeos. Durante una rueda de prensa, Emilio Díaz, presidente de la asociación, y Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, reclamaron abrir un espacio de diálogo con el Ejecutivo para revisar el texto.
Según explicó Díaz, el sector fue convocado el pasado 26 de agosto el Gobierno, y representantes de los ministerios para la Transformación Digital y la función pública, y el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para dar a conocer el contenido del Real Decreto, cuyo alcance, aseguró, desconocían hasta ese momento. Tras solicitar un tiempo para analizarlo, la asociación pidió ampliar el plazo de presentación de alegaciones, una extensión que finalmente se concedió hasta ayer, 10 de septiembre. La conclusión es clara: “No es algo sectorial, sino de industria e inversión”, subrayó Díaz, quien insistió en que la presencia de centros de datos resulta estratégica para la competitividad europea, la soberanía digital y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. En su opinión, España está compitiendo con otros países europeos que también cuentan con regulación, en algunos casos restrictiva, pero cuyas exigencias, aseguró, “no se parecen en nada” a ninguna otra.
Riesgo para inversiones en curso
Uno de los principales motivos de preocupación de SpainDC es que el Real Decreto afectaría no solo a nuevos proyectos, sino también a iniciativas que llevan años en desarrollo y que ya cuentan con compromisos inversores. “Hay inversiones ya comprometidas que están quedando paralizadas”, señaló Díaz, quien advirtió de que ningún inversor asumirá el riesgo de perder el punto de acceso a la red eléctrica por no cumplir unas condiciones sobrevenidas.
La asociación cifra en unos 66.900 millones de euros la inversión que el sector tenía previsto movilizar en España hasta 2030, aunque matiza que aproximadamente un 40% de esa cantidad podría estar ya comprometida o verse afectada en la actualidad. Durante la comparecencia también se apuntó que inversiones por valor de unos 9.000 millones de euros ya se habrían visto directamente afectadas, con un posible efecto cascada sobre el resto del mercado. Y, adicionalmente, que ya hay, al menos, tres proyectos perdidos, por esta causa. La asociación considera que el problema no se limita a la pérdida de proyectos concretos, sino al deterioro de la imagen de España como destino estable para la inversión internacional.
Una exigencia renovable considerada inviable
Entre los aspectos más controvertidos figura la obligación de que, por cada megavatio de potencia, los centros de datos generen o garanticen al menos un 80% adicional de energía renovable, bajo unas condiciones que, según SpainDC, resultan inviables en la práctica.
“Un parque eólico renovable no se hace en 18 meses”, explicó Díaz, en referencia a la exigencia de que los parques utilizados para cumplir estos requisitos no tengan una antigüedad superior a ese periodo. La asociación considera que esta condición no se aplica a otras industrias ni responde a los estándares europeos habituales.
También cuestionó el papel otorgado al almacenamiento mediante baterías. A modo de ejemplo, señaló que un centro de datos de 100 MW necesitaría una infraestructura de almacenamiento de dimensiones desproporcionadas para cumplir los requisitos, llegando a estimar que ocuparía una superficie equivalente a unos 15 campos de fútbol.
SpainDC defiende que los centros de datos deben someterse a los estándares europeos de eficiencia energética y sostenibilidad, pero rechaza que se les impongan obligaciones específicas que no afectan a otros sectores industriales. “Queremos cumplir con los requisitos de eficiencia europeos, pero no convertirnos en generadores de energía, puesto que ese no es nuestro negocio”, resumió Díaz.
“España ha pasado de ser uno de los mercados más atractivos al menos atractivo de Europa”
Begoña Villacís, por su parte, fue especialmente crítica con el impacto reputacional y jurídico del Real Decreto. “Hasta el 27 de agosto España era uno de los mercados más atractivos y ahora es el menos atractivo de Europa”, afirmó, calificando la situación de “caída irreversible” si no se corrige el rumbo.
Villacís alertó de que el texto modifica las reglas de juego para inversiones maduras y ya realizadas, generando inseguridad jurídica y frenando decisiones de inversión. A su juicio, España se encuentra ante una oportunidad histórica gracias a su disponibilidad de energías renovables, su posición geográfica y su potencial para convertirse en nodo digital del sur de Europa.
La portavoz recordó que el país dispone de excedentes renovables que actualmente no siempre es capaz de consumir, por lo que considera contradictorio imponer a los centros de datos unas exigencias que dificultan precisamente que esa energía encuentre demanda. “No se puede generar la energía a la misma hora que puede ser consumida”, apuntó, cuestionando que las baterías disponibles permitan resolver por sí solas el problema.
También puso como ejemplo el caso de Irlanda, un mercado con regulación restrictiva para los centros de datos, pero cuyas condiciones, según SpainDC, están lejos de alcanzar el nivel de exigencia del texto español. “No podemos perder esta oportunidad”, insistió.
Posibles defectos jurídicos y pérdida de permisos
SpainDC considera que el Real Decreto presenta también problemas de forma y proporcionalidad. En particular, cuestiona que el incumplimiento de determinadas condiciones pueda desembocar en la pérdida de permisos de acceso o conexión a la red eléctrica.
Aunque el texto no denomine expresamente un régimen sancionador, la asociación entiende que sus consecuencias tendrían un carácter equivalente. “Se trata de la posición más gravosa y extrema, que implica la pérdida del permiso”, explicó Villacís, quien defendió que deberían contemplarse alternativas menos severas y proporcionadas.
La asociación considera que la legislación eléctrica debe permitir la concurrencia de los distintos sectores en condiciones de igualdad y que el Real Decreto introduce una discriminación específica contra los centros de datos. Por ello, no descarta que puedan abrirse futuras reclamaciones legales por parte de inversores internacionales si finalmente se mantienen las condiciones actuales.
Los centros de datos, una infraestructura esencial para la digitalización
Durante la rueda de prensa, SpainDC defendió que los centros de datos no deben contemplarse únicamente como grandes consumidores de energía, sino como infraestructuras esenciales para el funcionamiento de la economía digital. “Ahora mismo no podríamos trabajar sin centros de datos”, señaló Villacís, recordando que son el soporte de servicios digitales, inteligencia artificial, cloud y buena parte de la actividad económica actual.
La asociación rechazó también las críticas relacionadas con la sostenibilidad del sector. Díaz recordó que los centros de datos ya operan por sí solos bajo exigentes estándares de eficiencia y que buena parte de la energía que consumen procede de fuentes renovables. Asimismo, señaló que muchos data centers cuentan ya con sistemas de autoconsumo y que la tendencia del sector pasa por incrementar estas soluciones.
Respecto al consumo de agua, SpainDC defendió que la refrigeración de los centros de datos ha evolucionado notablemente y que la mayoría de las instalaciones utilizan circuitos cerrados, mientras que las nuevas tecnologías permiten refrigerar sin consumo directo de agua en determinados modelos.
Coordinación con otras asociaciones y disposición al diálogo
SpainDC aseguró que sus alegaciones se han presentado de forma coordinada con otras asociaciones del sector, con una posición unánime frente al Real Decreto. La entidad lamentó que, hasta el momento, no exista una reunión formal agendada con el Gobierno para negociar el contenido del texto y que la interlocución se haya limitado a la presentación de alegaciones.
“No hay que regular de espaldas a la industria”, defendió Villacís, quien reclamó un marco que permita desarrollar el sector y generar empleo, inversión y capacidades tecnológicas en España. La asociación insiste en que existe margen para negociar algunos aspectos, pero considera que determinadas exigencias, como el porcentaje de energía renovable adicional, deben ser revisadas sustancialmente.
“Podemos negociar, pero no podemos convertirnos en el país más restrictivo de toda Europa”, concluyó Villacís.
SpainDC advierte de que, si España no mantiene unas condiciones competitivas, las inversiones podrían desplazarse a otros mercados, como Portugal, con la consiguiente pérdida de riqueza, empleo y capacidad tecnológica. “No vamos a competir en digitalización o inteligencia artificial si no tenemos los habilitadores, como los centros de datos”, subrayó.
