ANÁLISIS CENTROS DE DATOS

El Gobierno aprueba el Real Decreto de centros de datos destacando su “carácter novedoso y pionero a nivel mundial”


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El Ejecutivo asegura que la medida permitirá compatibilizar el desarrollo de estas infraestructuras con la sostenibilidad del sistema energético y evitar un impacto de hasta 5.000 millones de euros en la factura eléctrica de los consumidores

Publicado el 20 nov 2026

Lucía Bonilla

directora de Data Center Market



Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen
Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen



El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el Real Decreto que establece los requisitos de sostenibilidad energética, eficiencia hídrica, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos en España. La norma, que llega tras meses de debate con la industria y numerosas alegaciones del sector, fija un nuevo marco de condiciones para el desarrollo de estas infraestructuras, en un momento en el que el país se ha consolidado como uno de los mercados europeos con mayor potencial de crecimiento.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la aprobación de la norma como una “iniciativa pionera a escala internacional, que pretende anticiparse a los problemas que el crecimiento acelerado de los centros de datos está generando en otros mercados y países”. Según ha explicado, el objetivo es que España siga siendo un destino atractivo para la inversión, pero que el desarrollo de estas instalaciones se produzca bajo unos estándares exigentes de sostenibilidad.

“Queremos que las inversiones lleguen a España, pero bajo estándares de sostenibilidad”, ha señalado Aagesen, que ha insistido en que el Gobierno pretende dar una respuesta integral a las preocupaciones relacionadas con el consumo energético y de agua, el impacto en los precios de la electricidad, la competitividad y los beneficios que estas infraestructuras deben aportar a los territorios donde se implantan.

La ministra ha recordado que España ya ha concedido permisos de acceso para «15 GW de potencia destinados a centros de datos, de los cuales 9 GW corresponden a la red de distribución». Además, en los últimos tres meses se han concedido 3 GW adicionales. A esta cifra se suman más de 20 GW de proyectos que permanecen en lista de espera, según el Ejecutivo.

Según Aagesen, los 15 GW de permisos concedidos equivalen aproximadamente al 40% del consumo eléctrico punta del país, una magnitud que, a juicio del Ejecutivo, justifica la necesidad de establecer condiciones específicas para el crecimiento de esta actividad.

La vicepresidenta ha vinculado este desarrollo a la evolución de la Estrategia de Inteligencia Artificial aprobada en 2024. Las expectativas de crecimiento de las infraestructuras asociadas a la IA se han superado ampliamente, lo que obliga, en opinión del Gobierno, a anticipar sus necesidades y consecuencias sobre el sistema energético.

La sostenibilidad como condición para acceder a la red

El Real Decreto se articula en torno a dos grandes bloques: los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental y las obligaciones relacionadas con la soberanía digital y la resiliencia.

Respecto al primer punto, el Ejecutivo establece condiciones específicas sobre eficiencia hídrica, eficiencia energética y abastecimiento eléctrico renovable. Se trata de uno de los aspectos más controvertidos durante la tramitación, especialmente por las exigencias de adicionalidad y correlación horaria.

En materia de agua, Sara Aagesen, ha señalado que “todos los centros de datos deberán alcanzar la categoría A de eficiencia hídrica conforme a los criterios europeos”. La ministra ha justificado esta exigencia por la “especial vulnerabilidad de España frente a la escasez de recursos hídricos y por la necesidad de que las nuevas infraestructuras incorporen los estándares más elevados de consumo eficiente”.

También se establece la categoría A en eficiencia energética, aunque con criterios adaptados a las diferentes regiones climáticas. La ministra ha señalado que las condiciones de refrigeración y, por tanto, las posibilidades de optimización energética varían considerablemente en función de la ubicación geográfica de cada instalación.

La exigencia más relevante desde el punto de vista del suministro eléctrico es que el 80% del consumo de los centros de datos debe estar respaldado por energía renovable adicional, es decir, procedente de nueva generación incorporada al sistema. El objetivo es, según el Gobierno, evitar que el incremento de demanda de estas infraestructuras se traduzca en una mayor presión sobre la generación existente y termine repercutiendo en los precios de la electricidad.

A este requisito se suma la correlación horaria, que obliga a acreditar que, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida procede de generación renovable producida en ese mismo periodo. No será suficiente, por tanto, con compensar el consumo anual mediante contratos de energía verde o garantías de origen: deberá existir una correspondencia temporal entre generación y demanda.

Un régimen transitorio hasta 2030

Consciente de las dificultades que esta obligación puede plantear a los operadores, el Gobierno ha introducido un régimen transitorio opcional que permite una adaptación progresiva a la correlación horaria, a cambio de aceptar condiciones de flexibilidad y desconexión del suministro.

Según ha detallado Aagesen, el calendario contempla una exigencia inicial del 60% de correlación horaria en las horas punta, que aumentará al 70% en 2029. A partir del 1 de enero de 2030, todos los centros de datos afectados deberán cumplir el requisito del 80% de energía renovable con correlación horaria durante todas las horas de funcionamiento.

Esta flexibilidad transitoria está vinculada a la posibilidad de que las instalaciones sean desconectadas cuando lo requiera el sistema eléctrico. Se trata de una de las cuestiones que mayor rechazo ha generado entre los operadores, por las implicaciones que puede tener para infraestructuras que prestan servicios digitales de funcionamiento continuo.

La ministra ha defendido en rueda de prensa la necesidad de estas condiciones argumentando que, en ausencia de regulación, el incremento de demanda eléctrica asociado a los centros de datos “podría trasladar importantes costes al conjunto del sistema”. En concreto, ha cifrado en 5.000 millones de euros el impacto potencial sobre la factura de los consumidores y ha advertido de que los consumidores industriales podrían llegar a pagar un 25% más por la electricidad consumida.

El Gobierno sostiene así que las exigencias de adicionalidad y correlación horaria no persiguen frenar el desarrollo de los centros de datos, sino evitar que su expansión genere tensiones en el mercado eléctrico y un encarecimiento del suministro para hogares y empresas.

Soberanía digital: los datos deberán permanecer bajo control europeo

El segundo gran bloque de la normativa aborda la soberanía digital y la resiliencia de las infraestructuras. El Gobierno quiere garantizar que los centros de datos que operen en España contribuyan a la autonomía estratégica europea y que los datos tratados permanezcan bajo un marco de supervisión y protección compatible con el Derecho comunitario.

Entre las condiciones planteadas figura que la entidad responsable de la operación esté establecida en la Unión Europea, mantenga los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y adopte medidas para evitar accesos de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo.

Esta dimensión adquiere especial relevancia en un contexto en el que la expansión de la inteligencia artificial y los servicios cloud está incrementando la dependencia de las empresas y administraciones públicas respecto a grandes proveedores tecnológicos internacionales.

Aagesen ha defendido que la soberanía digital debe formar parte de las condiciones de desarrollo de estas infraestructuras y ha expresado su confianza en que el nuevo marco regulatorio pueda convertirse en una referencia para otros países europeos y para el mercado internacional.

El Gobierno defiende su modelo frente a las tensiones de otros mercados

Durante su comparecencia, Aagesen ha recurrido a la experiencia internacional para justificar la necesidad de anticiparse a los efectos del crecimiento de los centros de datos. Ha citado el caso de Irlanda, donde estas instalaciones “representan ya el 23% del consumo eléctrico nacional, y el de Países Bajos, donde alcanzan aproximadamente el 5% y se han establecido moratorias para determinados desarrollos”.

También ha mencionado Estados Unidos, donde distintos Estados han adoptado medidas de moratoria o restricciones ante el crecimiento de la demanda energética asociada a estas infraestructuras.

“Nos anticipamos a un contexto que todavía no existe y estamos a tiempo de evitar situaciones que ya han impactado en otros países”, ha defendido la vicepresidenta, que considera que España debe aprovechar su atractivo energético y su potencial de desarrollo sin reproducir los problemas que han aparecido en otros mercados.

El argumento del Ejecutivo es que el país dispone de unas condiciones especialmente favorables para atraer inversiones en centros de datos, gracias a su elevada penetración renovable y a unos precios eléctricos competitivos. Sin embargo, considera que ese atractivo debe estar acompañado de una “ordenación que garantice la sostenibilidad del crecimiento”.

El sector teme un impacto sobre la competitividad y las inversiones

La aprobación del Real Decreto llega después de meses de oposición por parte de la industria, que ha cuestionado tanto la proporcionalidad de las exigencias como sus posibles consecuencias sobre la competitividad de España frente a otros mercados europeos.

Spain DC, la asociación que representa al sector de los centros de datos, advirtió en septiembre de que la normativa podía poner en riesgo inversiones por valor de 9.000 millones de euros correspondientes a proyectos de tres de sus asociados. La patronal cuestionó especialmente los requisitos de adicionalidad y correlación horaria, así como la incertidumbre que introduce el cambio regulatorio para proyectos que ya se encontraban en distintas fases de desarrollo.

Las advertencias también han llegado de compañías concretas, según han recogido algunos medios de comunicación en los últimos días. Uno de los casos más significativos es el de Merlin Properties, que ha cuantificado en 863 millones de euros el coste adicional que podría tener que asumir para adaptar su programa de centros de datos a las nuevas exigencias. La cifra corresponde a un escenario de contingencia que contempla principalmente inversiones en sistemas de almacenamiento energético mediante baterías. La compañía estima que podría recuperar aproximadamente el 35% de ese sobrecoste.

Además, Merlin ha revisado a la baja la capacidad prevista de su Plan MEGA, desde 724 hasta 704 MW de capacidad IT, en un contexto en el que también ha señalado dificultades de suministro eléctrico para algunos de sus desarrollos.

Otro ejemplo es Quetta Data Centers, participada por Azora y CoreTech Capital. Su consejero delegado, Paco González, ha advertido de que la compañía podría trasladar a Portugal 320 millones de euros de inversiones que todavía tiene pendientes de ejecutar en España.

Quetta cuenta con una hoja de ruta de 500 millones de euros para el mercado español, de los que 180 millones ya están comprometidos en proyectos de Madrid y Barcelona. La compañía mantiene esos desarrollos, pero contempla destinar a Portugal los 320 millones restantes si se mantienen las condiciones regulatorias planteadas. Según González, el cumplimiento de los requisitos energéticos podría llegar a triplicar el coste de desarrollar un centro de datos de 10 MW en España frente a una instalación equivalente en Portugal.

Estas advertencias reflejan el principal temor de la industria: que las nuevas condiciones no provoquen necesariamente la paralización de los proyectos ya comprometidos, pero sí una revisión de los planes de expansión y una desviación de capital hacia otros mercados con marcos regulatorios considerados más favorables.

Portugal aparece como uno de los destinos alternativos, aunque también existe competencia de otros mercados europeos que buscan atraer inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y a las infraestructuras cloud.

Un nuevo escenario para el desarrollo de los centros de datos en España

Con la aprobación del Real Decreto, España establece un marco regulatorio específico para una actividad cuyo crecimiento ha superado “con creces” las previsiones iniciales de la Estrategia de Inteligencia Artificial. El Ejecutivo pretende ordenar ese desarrollo antes de que la demanda eléctrica de las nuevas instalaciones “genere tensiones sobre el sistema y sobre el resto de consumidores”, según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin embargo, el reto será encontrar un equilibrio entre los objetivos de sostenibilidad y soberanía digital y la capacidad del país para seguir atrayendo inversiones internacionales. Los 15 GW de permisos de acceso concedidos y los más de 20 GW que permanecen en cola según el Ejecutivo, dan una idea de la dimensión de la oportunidad, pero también de la magnitud de las necesidades energéticas que implica.

La industria tendrá ahora que evaluar el impacto de las nuevas obligaciones sobre sus proyectos, sus modelos de suministro y sus calendarios de inversión. La cuestión que queda abierta es si el nuevo marco permitirá compatibilizar el crecimiento de los centros de datos con la sostenibilidad del sistema eléctrico o si, por el contrario, terminará desplazando parte de las inversiones hacia otros países europeos.

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