La respuesta del sector de la infraestructura digital al nuevo intento del Gobierno de encauzar el Real Decreto de los centros de datos no se ha hecho esperar, y ha sido de un rechazo absoluto. La patronal SpainDC, que agrupa a los principales operadores de data centers y fondos de inversión del sector en España, considera que la última versión del borrador redactado por el Ministerio para la Transición Ecológica sigue siendo «técnicamente inalcanzable, discriminatoria y legalmente vulnerable».
A pesar de que el Ejecutivo ha escenificado una flexibilización en los plazos de transición y en la obligación de instalar nuevas plantas renovables en tres años, el sector rechaza de pleno la contrapartida exigida: someterse a desconexiones eléctricas obligatorias en momentos de tensión de la red.
El rechazo a los cortes de potencia
Desde SpainDC recuerdan que la esencia operativa de un centro de datos se basa en la disponibilidad ininterrumpida y garantizada las 24 horas del día (los conocidos como acuerdos de nivel de servicio o SLA del 99,999%). Obligar a estas infraestructuras a reducir su potencia o desenchufarse del sistema eléctrico compromete la estabilidad de servicios críticos como la banca en línea, la computación pública y el funcionamiento de hospitales o administraciones públicas.
Fuentes del sector han mostrado su indignación ante el pretendido «suavizado» planteado por el Ejecutivo: «No se puede rebajar una exigencia imposible a cambio de aceptar otra inasumible. Nos están dando a elegir la soga con la que ahorcarnos», señaló la patronal en una rueda de prensa, en referencia a la disyuntiva entre cumplir coeficientes hídricos y de renovables irreales o someterse a apagados continuos.
Agravio comparativo frente al resto de la industria
Uno de los puntos que genera mayor malestar en la patronal es el evidente agravio comparativo respecto a otros sectores industriales electrointensivos (como las siderúrgicas, cementeras o químicas). Mientras que estas grandes fábricas participan en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) y perciben importantes retribuciones económicas por estar disponibles para desconectarse y estabilizar la red eléctrica nacional, el proyecto del Gobierno pretende que los centros de datos asuman ese mismo papel de flexibilidad a coste cero y bajo amenaza de sanción.
Alerta de ilegalidad y fuga de proyectos a otros países
La patronal, liderada por su junta directiva y sus principales representantes, advierte de que el borrador incurre en un grave riesgo de inseguridad jurídica e inconstitucionalidad. El motivo es que la norma pretende aplicarse con carácter retroactivo a proyectos que ya cuentan con sus correspondientes permisos de acceso y conexión otorgados, así como con abultadas inversiones en marcha. La amenaza de perder definitivamente esos puntos de red por incumplimientos normativos es calificada por los juristas del sector como un acto «confiscatorio» que terminará inevitablemente en los tribunales.
Asimismo, SpainDC ha lanzado una última llamada de alerta al Gobierno: de aprobarse el texto en sus términos actuales, España pasará de encabezar la carrera para ser el gran hub de Inteligencia Artificial del sur de Europa a convertirse en el país más restrictivo y hostil del continente para esta industria.
La patronal advierte de que el capital no se detendrá: las inversiones milmillonarias ya comprometidas migrarán de forma inmediata a mercados vecinos más competitivos y predecibles, como Portugal, Francia, Alemania o Irlanda, que están acelerando la atracción de estas infraestructuras estratégicas.
