La transformación digital de las empresas europeas afronta una nueva etapa marcada por la entrada en vigor de marcos regulatorios que elevan las exigencias en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad. Más allá de la protección tecnológica, las nuevas normas obligan a las organizaciones a demostrar que identifican, supervisan y gestionan de forma activa los riesgos digitales que pueden afectar a su actividad.
Este fue uno de los principales mensajes trasladados durante la jornada “IA y ciberseguridad: nuevas reglas, nuevas responsabilidades”, organizada por Grant Thornton y la Cámara de Madrid.
Uno de los aspectos que más preocupa a las compañías es el incremento de las responsabilidades legales y económicas derivadas del incumplimiento normativo. En el caso del Reglamento de IA, las infracciones consideradas más graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual. NIS2, por su parte, contempla para determinadas entidades sanciones de hasta 10 millones de euros o el 2% de los ingresos globales, mientras que el Reglamento de Ciberresiliencia prevé multas de hasta 15 millones de euros o el 2,5% de la facturación mundial.
La IA escapa cada vez más al control corporativo
La rápida adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial está generando nuevos retos para las organizaciones. Más allá de las plataformas aprobadas oficialmente por las empresas, cada vez es más frecuente el uso de soluciones de IA por iniciativa de los propios empleados, un fenómeno conocido como Shadow AI.
Esta práctica puede implicar la introducción de información corporativa o datos sensibles en aplicaciones externas sin que la organización conozca ni supervise su utilización, incrementando los riesgos de seguridad, cumplimiento normativo y protección de la información.
Además, la llegada de sistemas de IA con mayores capacidades de autonomía, capaces de ejecutar acciones y tomar decisiones dentro de determinados procesos empresariales, añade un nuevo nivel de complejidad. Los expertos coinciden en que las compañías deben elaborar inventarios detallados de las herramientas de IA utilizadas, identificar los datos que procesan y establecer mecanismos de supervisión proporcionales al nivel de riesgo de cada sistema.
La normativa europea adopta precisamente un enfoque basado en el riesgo, imponiendo requisitos específicos para las aplicaciones consideradas de alto riesgo, especialmente aquellas relacionadas con recursos humanos, servicios esenciales o evaluación de personas.
Prepararse antes del incidente
La jornada también abordó los desafíos que afrontan las organizaciones cuando sufren un ciberataque. Los especialistas alertaron de que la presión por restablecer la operativa cuanto antes puede llevar a cometer errores críticos, como eliminar evidencias necesarias para investigar el incidente o restaurar sistemas sin haber erradicado completamente la amenaza.
Ante este escenario, las empresas deben contar con planes de respuesta previamente definidos y puestos a prueba mediante simulacros, así como con copias de seguridad verificadas, procedimientos de recuperación seguros y mecanismos de preservación de evidencias.
La capacidad para documentar las decisiones adoptadas antes, durante y después de un incidente se está convirtiendo además en un elemento clave para demostrar diligencia ante reguladores y autoridades.
La ciberseguridad llega al consejo de administración
Uno de los cambios más significativos introducidos por NIS2 es la implicación directa de los órganos de dirección en la supervisión de las medidas de ciberseguridad. La nueva normativa amplía el número de sectores afectados y traslada la responsabilidad de la gestión del riesgo digital desde los departamentos técnicos hacia la estructura de gobierno corporativo.
Esta evolución refleja un cambio de enfoque regulatorio: la ciberseguridad deja de considerarse exclusivamente una cuestión tecnológica para convertirse en una responsabilidad estratégica y de negocio.
En este contexto, los expertos consideran que la adaptación normativa no puede limitarse a la aprobación de políticas internas. Las organizaciones deberán demostrar de forma continua que las medidas implantadas funcionan, que se revisan periódicamente y que responden a los riesgos reales de su actividad.
Según datos recientes de Grant Thornton, el reto sigue siendo importante: siete de cada diez empresas españolas reconocen que no están satisfechas con su capacidad para detectar y gestionar ciberataques, mientras que cerca del 40% de los directivos admite que los empleados no tienen claro qué riesgos digitales son de su responsabilidad.
La combinación de inteligencia artificial, ciberamenazas cada vez más sofisticadas y un entorno regulatorio más exigente está impulsando a las empresas a reforzar sus capacidades de gobernanza digital. La resiliencia ya no depende únicamente de la tecnología, sino también de la capacidad de demostrar que los riesgos han sido identificados, supervisados y gestionados de forma efectiva.




