El ministerio propuso la aportación voluntaria a la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de la ONU. Con 3 millones de euros, España busca impulsar la investigación en normas y políticas de IA al trasladar su modelo de innovación a foros internacionales.
Con esta aportación, España supera las contribuciones previas en gobernanza de la IA ante la ONU. Carme Artigas copresidió el Consejo Asesor de Alto Nivel sobre IA del secretario general de la ONU. Héctor Gómez fue nombrado cofacilitador en las consultas para establecer el Panel Científico Internacional Independiente.
La nueva división se ubicará en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Valencia.
Su trabajo cubrirá la clasificación de riesgos, el secretariado de iniciativas del Pacto Digital Global y el seguimiento de proyectos estratégicos. Esta iniciativa también contribuye a la recuperación en la región tras la DANA, al atraer una institución internacional que dinamizará el entorno local.
La aprobación permitirá avanzar en la implementación del Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA y el Panel Científico Internacional Independiente. Estos espacios deben cerrar la brecha tecnológica y coordinar acciones conjuntas de investigación.
Refuerzo de ciberseguridad y ciberdefensa
El conjunto de actuaciones aprobadas completa el Plan Nacional de Ciberseguridad de 2022. Estas medidas se enmarcan en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. La inversión de 1.157 millones de euros responde a la expansión de infraestructuras digitales y al cambio en el contexto geopolítico. Tecnologías como la inteligencia artificial y la computación cuántica elevan el nivel de amenaza y exigen adaptación de la estrategia.
Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 2024 destaca que España está por encima de la media de la UE en ciberseguridad. El mismo informe sitúa a España en el segundo lugar mundial en centros especializados.
En 2024 se registraron más de 100.000 ciberataques en España y uno grave cada tres días. Con estos fondos, el Gobierno persigue tres objetivos. Se busca proteger los derechos digitales de la ciudadanía, garantizar la ciber-resiliencia de la economía y defender la soberanía del Estado. Cada meta se articula en medidas de prevención, detección, respuesta y recuperación.
Entre las acciones destacan el impulso del centro de operaciones de seguridad 5G (SOC 5G) para supervisar normativas de ciberseguridad en redes móviles. También se reforzarán los servicios transversales de la administración digital y se automatizarán auditorías de sistemas expuestos en internet. La integración de inteligencia artificial en los sistemas de detección y el sistema de alertas tempranas completan el paquete de mejoras.
Ejecución de la inversión
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Red.es y el Instituto Nacional de Ciberseguridad ejecutarán el 22% del presupuesto. Estos fondos se destinarán a proyectos públicos y a convocatorias de colaboración. El Departamento de Seguridad Nacional gestionará el 1,2%, centrado en la coordinación estratégica de la respuesta ante ciberincidentes.
El Ministerio de Defensa movilizará el 60,4% de los recursos para reforzar la ciberdefensa militar. Esta ejecución se hará a través del Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio. El Ministerio del Interior ejecutará el 16,34% restante en proyectos de seguridad interna y protección de infraestructuras críticas.
La Agencia Estatal de Administración Digital, Red.es e INCIBE ejecutarán convocatorias para proyectos de formación y detección temprana. Estas iniciativas incluirán colaboración con el sector privado y generación de alertas a organismos públicos.
La implementación se extenderá durante 2025 y 2026 con un seguimiento trimestral de los avances y evaluación de resultados.
El doble enfoque muestra el compromiso de España con la gobernanza de la IA y la seguridad digital. La financiación internacional y el refuerzo interno pueden impulsar la posición del país en foros globales. También mejorarán la protección de la ciudadanía frente a amenazas emergentes.
