La Comisión Europea ha asestado un duro golpe al Real Decreto de centros de datos para embridar la expansión de los centros de datos en España. Bruselas ha remitido un apercibimiento formal al Ejecutivo español tras constatar que el borrador del Real Decreto sobre requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos se ha elaborado al margen de los cauces de transparencia exigidos por el Derecho comunitario.
En su comunicación, la Comisión recuerda al Gobierno la obligatoriedad de notificar formalmente el proyecto legislativo bajo la Directiva (UE) 2015/1535, aplicable a cualquier reglamentación técnica que afecte al mercado interior o a los servicios de la sociedad de la información. Este trámite exige la paralización inmediata de la norma —el denominado periodo de standstill— durante al menos tres meses para que tanto los servicios europeos como los demás Estados miembros evalúen si el texto impone barreras injustificadas al comercio o discrimina a operadores comunitarios.
El aviso de Bruselas añade un riesgo severo sobre la seguridad jurídica del sector: si el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto sin cumplir este precepto, las restricciones fijadas por España podrían ser declaradas inaplicables por los tribunales frente a las reclamaciones de las empresas afectadas.
Frenar la saturación eléctrica frente a la libre competencia
El origen del conflicto se remonta a la proliferación de solicitudes de enganche eléctrico registradas desde 2021. Frente a un objetivo nacional de entre 2,5 y 4 GW para 2030, el sector ha superado los 12 GW en peticiones de acceso a la red. Ante el temor a tensionar los precios eléctricos y disparar las emisiones de CO₂ en horas punta, el Gobierno impulsó una norma para restringir y condicionar los nuevos puntos de suministro.
Entre los requisitos más severos del borrador figuraban la exigencia de que los operadores estén constituidos en la UE, la obligación de almacenar y procesar datos públicos exclusivamente en territorio comunitario y la necesidad de acreditar que el 80% de la electricidad consumida cada hora proceda de instalaciones renovables dedicadas de reciente creación. El incumplimiento de estos parámetros conllevaba la pérdida de los derechos de conexión a la red.
Aunque el Ministerio introdujo retoques de última hora —como eleva el umbral de afección de 1 a 10 MW y ampliar a 36 meses la antigüedad de los parques renovables vinculados—, el texto sigue encontrando un rechazo frontal.
Fractura con los inversores y dudas en el Consejo de Estado
La intervención de la Comisión Europea apuntala las tesis de la patronal Spain DC y los grandes fondos internacionales (como Microsoft, AWS y Google), que llevan semanas advirtiendo de que la norma desvía inversiones multimillonarias en Inteligencia Artificial y nube hacia países con regulaciones más flexibles, como Irlanda, Francia o Alemania.
Con la norma actualmente bajo el examen del Consejo de Estado y atascada en el filtro de legalidad comunitaria, el Gobierno se enfrenta ahora a un complejo dilema: rehacer el texto para adaptarlo a las exigencias de Bruselas o asumir la paralización del decreto y el riesgo de una desbandada inversora en la infraestructura digital del país.
