La disponibilidad de capacidad eléctrica se ha convertido en uno de los principales factores estratégicos para el desarrollo de centros de datos en España. En un momento de fuerte crecimiento de la demanda tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, el cloud y los servicios digitales, los promotores se enfrentan a un entorno en el que el acceso efectivo a la red, los requisitos de sostenibilidad y la seguridad jurídica son ya elementos determinantes para la viabilidad de nuevas inversiones.
Según advierte GTA Villamagna, la capacidad eléctrica disponible, las condiciones de acceso y conexión a la red y el coste de las infraestructuras necesarias para materializar dicha conexión están marcando cada vez más la toma de decisiones de inversores y operadores.
La electricidad, factor crítico para el crecimiento del sector
La ubicación de un centro de datos ya no depende únicamente de criterios urbanísticos o de conectividad. La capacidad de obtener y mantener los permisos de acceso y conexión a la red se ha convertido en un requisito esencial para garantizar la viabilidad de los proyectos.
«La proximidad a una subestación o la capacidad publicada para un nudo no deben confundirse con la obtención de los permisos de acceso y de conexión para la potencia que necesita el centro», explica Javier García, socio de GTA Villamagna. En su opinión, uno de los principales riesgos para los promotores es comprometer la adquisición del suelo, la construcción o la financiación sin disponer previamente de todas las garantías necesarias para hacer efectiva la conexión eléctrica.
La firma destaca que incluso aquellos proyectos que ya cuentan con permisos deben analizar cuidadosamente las condiciones asociadas, los plazos para mantenerlos en vigor y las obras pendientes de ejecución, ya que el coste de estas infraestructuras puede alterar significativamente la rentabilidad prevista.
Una nueva regulación con impacto directo sobre el sector
A este contexto se suma el proyecto de Real Decreto que actualmente tramita el Gobierno y que pretende vincular el otorgamiento y mantenimiento de los permisos de acceso y conexión al cumplimiento de determinados requisitos de sostenibilidad energética, hídrica y de soberanía digital.
Entre las medidas previstas, los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW deberán acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico está respaldado, hora a hora, por nueva generación renovable. Además, se incorporan nuevas obligaciones relacionadas con la eficiencia energética y el uso responsable del agua.
Desde GTA Villamagna señalan que estas exigencias deberán ser incorporadas desde la fase de diseño en los nuevos proyectos, pero advierten de que el mayor reto puede encontrarse en aquellas iniciativas que ya están en desarrollo.
Los proyectos en marcha, ante un escenario de adaptación
La propuesta normativa contempla que las solicitudes de acceso y conexión que permanezcan pendientes cuando entre en vigor la norma deban adaptarse a los nuevos requisitos. Asimismo, los proyectos que ya dispongan de permisos, pero que aún no se hayan conectado a la red, podrían verse obligados a acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones en un plazo limitado.
Para muchos promotores, esta situación podría implicar la revisión de contratos, modelos financieros y calendarios de ejecución ya comprometidos.
Desde GTA Villamagna subrayan que la adaptación a los nuevos criterios energéticos puede resultar especialmente compleja debido a la naturaleza continua de la actividad de los centros de datos. Mientras que estas infraestructuras operan las 24 horas del día, la generación renovable, particularmente la solar y la eólica, es variable. Esto podría obligar a incorporar sistemas de almacenamiento energético, contratar capacidades adicionales o combinar distintas tecnologías de generación, incrementando el coste final de la operación.
Más allá de la energía: agua, urbanismo y medio ambiente
La viabilidad de un centro de datos depende también de factores hídricos, urbanísticos y ambientales. La disponibilidad legal y material de recursos hídricos, los requisitos relativos a vertidos y las nuevas obligaciones de eficiencia en el uso del agua están adquiriendo una relevancia creciente en la evaluación de proyectos.
Asimismo, GTA Villamagna destaca la necesidad de verificar previamente la compatibilidad urbanística del emplazamiento, la obtención de licencias municipales y autorizaciones ambientales, así como la disponibilidad de todos los terrenos necesarios para la ejecución de la infraestructura y sus conexiones.
La ausencia de cualquiera de estos elementos puede provocar retrasos significativos o incluso comprometer la viabilidad del proyecto.
La importancia de una revisión legal integral
Ante este nuevo escenario, la firma considera imprescindible reforzar los procesos de análisis jurídico previos a cualquier operación de desarrollo, adquisición o financiación de centros de datos.
La revisión legal debe abarcar aspectos como la situación de los permisos de acceso y conexión, los costes asociados a las infraestructuras eléctricas, la compatibilidad urbanística, los títulos ambientales, la disponibilidad de agua y la capacidad del proyecto para cumplir con las futuras exigencias regulatorias.
En palabras de Javier García, socio de GTA Villamagna, «la regulación puede contribuir a ordenar el sector y favorecer los proyectos más sólidos, pero su eficacia dependerá de que ofrezca seguridad jurídica y no introduzca barreras que terminen desplazando inversiones viables hacia otros países de la Unión Europea».
Un momento decisivo para la industria
España mantiene una posición privilegiada para atraer inversiones vinculadas a la economía digital gracias a su ubicación estratégica, sus infraestructuras de telecomunicaciones y el crecimiento sostenido de la demanda de servicios tecnológicos. Sin embargo, el acceso a la energía, la sostenibilidad y la claridad regulatoria serán los elementos que determinen qué proyectos consiguen avanzar en los próximos años.
Para GTA Villamagna, la clave estará en encontrar un equilibrio entre el impulso a la sostenibilidad y la preservación de un marco regulatorio que permita mantener la competitividad internacional de España en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento de la próxima década.
