El Gobierno ha introducido modificaciones sustanciales en la recta final del proyecto de Real Decreto que regulará la instalación y los requisitos de los centros de datos en España. Tras semanas de intensas negociaciones, advertencias por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y presiones de patronales tecnológicas como SpainDC y compañías que amenazaban con congelar inversiones, el Ejecutivo ha optado por un punto intermedio: mantiene la ambición medioambiental y los grandes objetivos estratégicos de fondo, pero introduce flexibilidad, plazos de transición amplios y un mecanismo de desconexión obligatoria.
Moratoria y plazos más amplios para la inversión
Una de las principales preocupaciones del sector era el impacto inmediato y la asfixia regulatoria derivada de la rigidez de los borradores anteriores. Para paliarlo, el texto definitivo establece un régimen transitorio de adaptación que se alargará hasta 2031, dando a los operadores un margen de hasta cinco años para cumplir con los estándares más exigentes.
Asimismo, se ha flexibilizado la llamada «adicionalidad» de renovables —la obligación de que los centros de datos vayan acompañados de la construcción de nuevas plantas de energía verde—. El plazo inicial, considerado irrealizable por las promotoras debido a los cuellos de botella en la tramitación administrativa, se duplica de 18 a 36 meses (tres años), otorgando un balón de oxígeno operativo.
Desconexiones sin compensación
La contrapartida principal a estas flexibilizaciones es la asunción por parte de la industria de un papel activo en la estabilidad del sistema eléctrico español. Ante el riesgo de saturación de la red y el enorme apetito energético de estas infraestructuras a juicio de Gobierno, el decreto obliga a los centros de datos a aceptar ser los primeros en desconectarse o reducir su potencia de forma automática cuando la red sufra momentos de alta tensión o escasez de generación.
Sin embargo, esta exigencia incorpora una letra pequeña muy discutida: a diferencia de las grandes industrias electrointensivas tradicionales, que participan en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) y reciben una contraprestación económica por ello, los centros de datos deberán asumir estas desconexiones sin retribución alguna.
Se mantienen los estándares de sostenibilidad e hídricos
A pesar de las rebajas operativas, el Ejecutivo no ha renunciado a los pilares de control ecológico que justificaban la norma. El proyecto ratifica que un porcentaje muy elevado (en torno al 80% del consumo energético) de estos gigantes tecnológicos deba garantizarse obligatoriamente mediante fuentes renovables.
Del mismo modo, se endurecen de forma notable las exigencias de supervisión y eficiencia sobre el consumo de recursos hídricos, un factor crítico debido a la ingente cantidad de agua necesaria para refrigerar los servidores de alta computación.
Sanciones y pérdida de permisos de red
Para garantizar el cumplimiento de los compromisos, el régimen sancionador se mantiene firme. Aunque se han matizado las multas directas respecto a las primeras propuestas de audiencia pública, el texto que se remite al Consejo de Estado confirma que las infracciones graves o reiteradas en materia de sostenibilidad o flexibilidad energética podrán conllevar la pérdida definitiva de los codiciados permisos de acceso a la red eléctrica, una sanción capital en un mercado donde la capacidad de conexión es un bien escaso y disputado.
Con este movimiento, el Gobierno lo que pretende es equilibrar dos pulsiones complejas: por un lado, retener la riada de proyectos multimillonarios que buscan convertir a España en el gran nodo tecnológico y de computación en la nube del sur de Europa; por otro, según dicen, blindar la seguridad del suministro eléctrico y los recursos naturales de los territorios afectados frente a una demanda que amenaza con desbordar las infraestructuras del país.
