España se encuentra en un momento decisivo para consolidarse como uno de los grandes hubs europeos de centros de datos. Sin embargo, el Proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno para regular la sostenibilidad energética de estas infraestructuras podría comprometer una parte significativa de las inversiones previstas y reducir la competitividad del país frente a otros mercados europeos, según un análisis elaborado por EY basado en la propuesta normativa.
El informe concluye que el texto introduce requisitos energéticos más exigentes que los existentes en el resto de Europa, especialmente por la combinación de dos obligaciones: que el 80% de la electricidad consumida proceda de nueva capacidad renovable («adicionalidad») y que ese porcentaje esté respaldado hora a hora mediante generación renovable («correlación horaria»).
Un sector llamado a multiplicarse por seis
España se perfila como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento gracias a su disponibilidad de energía renovable, suelo, conectividad internacional y posición estratégica entre Europa, África y América. Las previsiones apuntan a que la potencia IT instalada pasará de 439 MW en 2025 a 2.536 MW en 2030, multiplicándose casi por seis. Este desarrollo podría movilizar 66.900 millones de euros de inversión acumulada, generar un impacto anual de aproximadamente 7.300 millones de euros en el PIB y contribuir a la creación de más de 16.000 empleos.
La norma exigiría un despliegue masivo de renovables
El principal problema identificado por EY es que el cumplimiento de los nuevos requisitos obligaría a desarrollar una enorme cantidad de nueva capacidad renovable para cada megavatio consumido por los centros de datos.
Según las simulaciones realizadas para 2030, serían necesarios:
- 26,8 GW de energía solar fotovoltaica.
- 8,8 GW de energía eólica.
- 14,2 GW de almacenamiento mediante baterías.
En total, cerca de 49,8 GW de potencia adicional, equivalentes a 14,2 MW de renovables y almacenamiento por cada MW de demanda de centro de datos.
Para EY, este nivel de sobredimensionamiento resulta ineficiente desde el punto de vista económico y energético.
Más energía renovable… pero también más vertidos
La necesidad de garantizar el suministro durante las horas y estaciones con menor producción renovable obligaría a instalar una capacidad muy superior a la necesaria durante gran parte del año.
Como consecuencia, el estudio estima la generación de unos 19.742 GWh anuales de energía excedentaria, además de 931 GWh de vertidos adicionales, es decir, electricidad renovable producida que no podría consumirse ni aprovecharse en la red.
Según EY, estos vertidos representarían un aumento aproximado del 16% respecto a los niveles actuales, lo que reduciría la rentabilidad de las instalaciones renovables y podría introducir nuevas distorsiones en el sistema eléctrico.
Un coste eléctrico 2,4 veces superior al del mercado
Otra de las conclusiones más relevantes del análisis es el impacto económico que tendría la norma sobre los operadores.
Mientras los mercados de futuros estiman un precio eléctrico en torno a 55 €/MWh para 2030, un centro de datos que cumpliera íntegramente los requisitos del Real Decreto soportaría costes cercanos a 133 €/MWh.
Esto supone:
- Un incremento superior al 140%.
- Un coste energético 2,4 veces mayor que el precio previsto del mercado.
EY advierte de que este sobrecoste terminaría afectando a los servicios digitales, el cloud computing y las infraestructuras de inteligencia artificial, ámbitos donde el coste energético constituye uno de los factores de competitividad más importantes.
Riesgo para la inversión y el empleo
El informe alerta de que la regulación podría provocar el traslado de proyectos hacia otros países europeos con marcos regulatorios menos restrictivos.
Según sus estimaciones, podrían verse comprometidos entre 53.600 y 60.300 millones de euros de inversión, una cifra equivalente al 80%-90% de la cartera de proyectos prevista para España.
La pérdida de estas inversiones tendría consecuencias sobre:
- El empleo especializado.
- La digitalización empresarial.
- El desarrollo de infraestructuras de IA.
- La atracción de capital tecnológico internacional.
- La soberanía digital española y europea.
Impacto sobre el sistema eléctrico
EY sostiene además que la expansión de los centros de datos puede desempeñar un papel relevante en la electrificación de la economía española.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que la demanda eléctrica pase de 251 TWh a 329 TWh en 2030, pero algunos motores de consumo previstos, como el vehículo eléctrico o el hidrógeno renovable, avanzan más lentamente de lo esperado.
En este escenario, los centros de datos podrían convertirse en una fuente estable de nueva demanda eléctrica capaz de absorber parte de la creciente generación renovable del país.
Por el contrario, si una parte relevante de los proyectos no se materializa por la nueva regulación, los ingresos regulados del sistema eléctrico podrían reducirse entre un 1,1% y un 5,7%, trasladando costes adicionales al resto de consumidores. EY calcula un impacto potencial de entre 118 y 642 millones de euros anuales.
Una regulación más dura que en otros países
El análisis compara la propuesta española con diversos mercados internacionales y concluye que ninguno exige simultáneamente adicionalidad renovable y correlación horaria en términos tan estrictos.
Mientras países como Irlanda, Alemania, Portugal, Reino Unido, Finlandia o Noruega optan por modelos basados en objetivos de energía renovable, eficiencia o gestión de red, España introduciría un esquema considerablemente más exigente para los promotores de centros de datos.
Graves consecuencias
La evaluación de EY plantea que el Proyecto de Real Decreto persigue objetivos alineados con la descarbonización y la seguridad energética, pero considera que su diseño actual podría generar efectos contraproducentes. El informe sostiene que la norma encarecería la electricidad, obligaría a sobredimensionar las instalaciones renovables, incrementaría los vertidos energéticos y reduciría el atractivo de España para nuevas inversiones tecnológicas.
En un momento en que la demanda de infraestructuras digitales vinculadas a la inteligencia artificial y al cloud crece con rapidez en toda Europa, EY concluye que la regulación debería adaptarse gradualmente y alinearse con los estándares europeos para evitar que España pierda una oportunidad estratégica de convertirse en uno de los principales mercados de centros de datos del continente.
